Una vez más, la Corporación Municipal Gabriel González Videla en colaboración con la Oficina de Protección de los Derechos Infanto Juveniles Municipal (OPD), están liderando instancias de mejoramiento de los protocolos de acción en caso de abuso y maltrato infanto- juvenil. La capacitación “Garantes de Derechos del Área de Educación”, vivió una nutrida y participativa jornada, gracias al interés que convoca esta importante temática para los profesionales de los establecimientos de la comuna.
Participaron de la actividad: el director del Departamento de Educación Municipal, Marco Poblete Muñoz; quien entregó un saludo inicial, la trabajadora social y encargada del área, Elizabeth Jara Gutiérrez; Marianella Vega Zamora, coordinadora OPD La Serena; junto a los expositores, Julio Fernández, abogado y Camila Sacre, trabajadora social del mismo organismo municipal. Y de la presentación de Arnoldo Herrera, encargado de Capacitación de la dirección regional del Servicio de Registro Civil e Identificación.
La voluntad de perfeccionar el trabajo individual y mancomunado, entre los establecimientos municipales y otras instituciones pertenecientes a la red de apoyo, tales como: OPD, Tribunales de Familia, Fiscalía, Carabineros, PDI, Senda, Junaeb y programas especializados de Sename; contribuye a la corresponsabilidad y prevención de situaciones que vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Camila Sacre, trabajadora social de OPD La Serena, se refirió a la pauta de derivación y destacó que lo principal es, buscar una estrategia, basada en la posibilidad de generar un protocolo, y una oportunidad, para el niño y su familia.
“La idea es mostrar una pauta más amigable a los profesionales del área de educación, inspectores, profesores y duplas sicosociales; la que se elaboró, en conjunto con la Unidad Social de la Corporación Municipal. El objetivo es saber qué hacer en cada caso, donde exista la vulneración de derechos, si corresponde derivar a OPD, Fiscalía o Tribunales de Familia; para que, las personas a cargo, tengan claro dónde dirigirse y saber cuáles son constitutivos de delito y cuáles no”, explicó la profesional.
Por su parte, el director del Departamento de Educación, Marco Poblete Muñoz, recalcó la obligatoriedad y compromiso que existe en la institución, como principio fundamental, el encausar la protección y respeto de los derechos infanto- juveniles en cada una de las comunidades educativas que dirige esta gestión.
“Tenemos que reaccionar de la mejor manera, frente a alguna vulneración, por lo qué, se debe considerar todas las instancias y elementos judiciales de apoyo, que deben estar al servicio de nuestros niños. Los procedimientos son esenciales, y perfeccionarlos, es un deber, para mantenerlos actualizados y con ello, se transformen en eficaces y eficientes en el tiempo”, reafirmó Poblete.
En cuanto al plan de acción referente al requerimiento de las medidas de protección y presentación de la tramitación electrónica en la página oficial del Juzgado de Familia, el abogado de OPD La Serena, Julio Fernández, explicó los detalles de dicho proceso.
“Básicamente, esperamos que los profesores y en general, los funcionarios de los establecimientos municipales, se posicionen en su rol de co garantes de derechos, en el caso de que constaten alguna vulneración constitutiva de delito (abuso sexual o violación), lo informen directamente al Tribunal de Garantía, y los caso no constitutivos de delito, o si existe duda, sean derivados a OPD, organismo que busca entregar una protección integral al niño”, señaló.
Además, el profesional precisó que, “las medidas de protección se interponen en el Tribunal de Familia, a favor de la integridad de la víctima, ya que, no buscan acusar o sancionar, si no, se enfocan en trabajar y ayudar al niño. En caso, de que la víctima haya sufrido abuso por un familiar o violencia, el tribunal determinará una orden de alejamiento inmediata del hogar”.
“La persona adecuada para solicitar estas medidas, es el director del colegio o liceo, si éste no puede acudir a la audiencia, la que se realiza de forma inmediata, en caso de un hecho constitutivo de delito, se cita a un profesional del área o a cargo del caso”, reafirmó Fernández.
Mónica Mejías Candia, sicóloga del Programa de Integración Escolar (PIE) del Liceo Gregorio Cordovez y del Colegio Punta de Teatinos, ha participado en ambas jornadas de capacitación, las que destacó de gran interés para los profesionales del área de Educación.
“El año pasado me encontraba en un contexto distinto, desempeñando funciones en el Colegio Bernarda Morín de La Antena, establecimiento en el que existe una realidad social más compleja. Por lo tanto, teníamos una relación con OPD más estrecha y constante. Mientras que, en los colegios rurales y unidocentes, donde no existe dupla sicosocial, se vive un escenario diferente, con menores casos de vulneración”, describió Mejías.
“Hoy, el interés principal, es revisar la página oficial del Poder Judicial, porque anteriormente denunciábamos directamente en tribunales, y llegábamos con un escrito sobre el hecho. Actualmente, la pauta de derivación OPD es más clara, sabemos cuál es la forma de hacerlo, y la hemos trabajado en conjunto. Sin embargo, falta tener el conocimiento, sobre cuáles son las instancias reparatorias, porque la Oficina de Protección de los Derechos Infanto Juveniles, es más bien, una instancia preventiva, investigativa y de orientación”, comentó la funcionaria.
Además, añadió que “las duplas sicosociales, constituidas por PIE o SEP, tenemos bastante claro cuando un caso requiere reparación, el desconocimiento recae en la derivación, cómo activar la red, por lo mismo, es bueno, incorporar esa información o aclarar cuál es la vía y principalmente, reforzar la obligatoriedad de denunciar”, refutó.
Participaron de la actividad: el director del Departamento de Educación Municipal, Marco Poblete Muñoz; quien entregó un saludo inicial, la trabajadora social y encargada del área, Elizabeth Jara Gutiérrez; Marianella Vega Zamora, coordinadora OPD La Serena; junto a los expositores, Julio Fernández, abogado y Camila Sacre, trabajadora social del mismo organismo municipal. Y de la presentación de Arnoldo Herrera, encargado de Capacitación de la dirección regional del Servicio de Registro Civil e Identificación.
La voluntad de perfeccionar el trabajo individual y mancomunado, entre los establecimientos municipales y otras instituciones pertenecientes a la red de apoyo, tales como: OPD, Tribunales de Familia, Fiscalía, Carabineros, PDI, Senda, Junaeb y programas especializados de Sename; contribuye a la corresponsabilidad y prevención de situaciones que vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Camila Sacre, trabajadora social de OPD La Serena, se refirió a la pauta de derivación y destacó que lo principal es, buscar una estrategia, basada en la posibilidad de generar un protocolo, y una oportunidad, para el niño y su familia.
“La idea es mostrar una pauta más amigable a los profesionales del área de educación, inspectores, profesores y duplas sicosociales; la que se elaboró, en conjunto con la Unidad Social de la Corporación Municipal. El objetivo es saber qué hacer en cada caso, donde exista la vulneración de derechos, si corresponde derivar a OPD, Fiscalía o Tribunales de Familia; para que, las personas a cargo, tengan claro dónde dirigirse y saber cuáles son constitutivos de delito y cuáles no”, explicó la profesional.
Por su parte, el director del Departamento de Educación, Marco Poblete Muñoz, recalcó la obligatoriedad y compromiso que existe en la institución, como principio fundamental, el encausar la protección y respeto de los derechos infanto- juveniles en cada una de las comunidades educativas que dirige esta gestión.
“Tenemos que reaccionar de la mejor manera, frente a alguna vulneración, por lo qué, se debe considerar todas las instancias y elementos judiciales de apoyo, que deben estar al servicio de nuestros niños. Los procedimientos son esenciales, y perfeccionarlos, es un deber, para mantenerlos actualizados y con ello, se transformen en eficaces y eficientes en el tiempo”, reafirmó Poblete.
En cuanto al plan de acción referente al requerimiento de las medidas de protección y presentación de la tramitación electrónica en la página oficial del Juzgado de Familia, el abogado de OPD La Serena, Julio Fernández, explicó los detalles de dicho proceso.
“Básicamente, esperamos que los profesores y en general, los funcionarios de los establecimientos municipales, se posicionen en su rol de co garantes de derechos, en el caso de que constaten alguna vulneración constitutiva de delito (abuso sexual o violación), lo informen directamente al Tribunal de Garantía, y los caso no constitutivos de delito, o si existe duda, sean derivados a OPD, organismo que busca entregar una protección integral al niño”, señaló.
Además, el profesional precisó que, “las medidas de protección se interponen en el Tribunal de Familia, a favor de la integridad de la víctima, ya que, no buscan acusar o sancionar, si no, se enfocan en trabajar y ayudar al niño. En caso, de que la víctima haya sufrido abuso por un familiar o violencia, el tribunal determinará una orden de alejamiento inmediata del hogar”.
“La persona adecuada para solicitar estas medidas, es el director del colegio o liceo, si éste no puede acudir a la audiencia, la que se realiza de forma inmediata, en caso de un hecho constitutivo de delito, se cita a un profesional del área o a cargo del caso”, reafirmó Fernández.
Mónica Mejías Candia, sicóloga del Programa de Integración Escolar (PIE) del Liceo Gregorio Cordovez y del Colegio Punta de Teatinos, ha participado en ambas jornadas de capacitación, las que destacó de gran interés para los profesionales del área de Educación.
“El año pasado me encontraba en un contexto distinto, desempeñando funciones en el Colegio Bernarda Morín de La Antena, establecimiento en el que existe una realidad social más compleja. Por lo tanto, teníamos una relación con OPD más estrecha y constante. Mientras que, en los colegios rurales y unidocentes, donde no existe dupla sicosocial, se vive un escenario diferente, con menores casos de vulneración”, describió Mejías.
“Hoy, el interés principal, es revisar la página oficial del Poder Judicial, porque anteriormente denunciábamos directamente en tribunales, y llegábamos con un escrito sobre el hecho. Actualmente, la pauta de derivación OPD es más clara, sabemos cuál es la forma de hacerlo, y la hemos trabajado en conjunto. Sin embargo, falta tener el conocimiento, sobre cuáles son las instancias reparatorias, porque la Oficina de Protección de los Derechos Infanto Juveniles, es más bien, una instancia preventiva, investigativa y de orientación”, comentó la funcionaria.
Además, añadió que “las duplas sicosociales, constituidas por PIE o SEP, tenemos bastante claro cuando un caso requiere reparación, el desconocimiento recae en la derivación, cómo activar la red, por lo mismo, es bueno, incorporar esa información o aclarar cuál es la vía y principalmente, reforzar la obligatoriedad de denunciar”, refutó.
